No es que el peruano en general sea más corrupto
“culturalmente”. Es que los sistemas para combatirla no son eficientes y la
sociedad se siente impotente o se ha acostumbrado a los robos por parte de sus
autoridades. En cualquier parte del mundo siempre van a existir gobernantes que
serán corruptos cuando los beneficios de sus actos sean mayores a sus costos.
También, una
prensa independiente del poder, para lo cual es necesario regular y
transparentar la relación entre ambos, principalmente a través de la publicidad
oficial. Prensa con recursos humanos, habilidades y financiamiento para hacer
periodismo de investigación, profundo y serio, para fiscalizar las acciones del
gobierno, tanto a nivel central, como local. Además, una sociedad civil
organizada y con capacidad para vigilar y movilizar, y para exigir mejoras en
el sistema y seguimiento de denuncias.
Inclusive con toda
esta institucionalidad pública y de la sociedad civil, se requiere voluntad
política y condena social. Es difícil exigir honestidad a la sociedad cuando
sus gobernantes de más alto nivel quedan impunes frente a actos evidentes de
corrupción, y cuando se piensa que la vía más rápida para ser millonario es
trabajar en política y en el gobierno. Es aún más complicado en sociedades sin
condena social a la corrupción, en las que priman las normas de verticalidad,
jerarquía, y respeto a gobernantes poderosos e intocables; y peor cuando en las
élites a veces los corruptos son admirados y no repudiados.
¿Cómo podemos
contribuir desde la ciudadanía para que la vida de los corruptos sea más un
infierno que un paraíso? Claro, condenando, denunciando, no participando en
actos corruptos, y apoyando las buenas causas de la sociedad civil. Sin
embargo, inclusive con todo esto los funcionarios y políticos tienen una
asimetría de poder en el diseño e implementación de las normas, y su casi
monopolio de la autoridad.
Sin embargo, la
ciudadanía tiene una asimetría con respecto al Estado en su creatividad y
capacidad para encontrar soluciones innovadoras. Dentro del Estado priman los
controles burocráticos y administrativos para que los funcionarios sean
fiscalizados y se evite el mal uso de los recursos y la corrupción. Esta carga
ayuda con esos objetivos, pero desincentiva a los trabajadores públicos a que
prueben nuevas soluciones, a que innoven en sus labores, y a que asuman
riesgos, y, además, castigan el fracaso. La aversión al riesgo presente en casi
todos los gobiernos es la mayor enemiga de la innovación y por eso esta se
genera fuera del Estado.
Además, vivimos en
un mundo cambiante, en el que se ha democratizado la innovación y muchas veces
se genera de abajo-arriba. No sólo porque el ciudadano conoce mejor los
problemas y se conecta más con las necesidades de la sociedad, sino también
porque puede entender y aprovechar mejor todas las posibilidades que ofrecen
los “bots”, la inteligencia artificial, el “deep learning”, el “big data”, la
internet de las cosas, las plataformas de transacciones como el “blockchain”, y
muchísimas tecnologías que nos están cambiando la vida día a día.
El Ayuntamiento de
Barcelona acaba de presentar un Buzón Público de Denuncia de la Corrupción
(Bústia Ètica) utilizando tecnologías como TOR y GlobaLeaks. Esta iniciativa, a
propuesta del equipo de tecnopolítica de Xnet, se enmarca en las
recomendaciones del Consell Ciutadà Assessor de l’Oficina per la Transparència
i les Bones Pràctiques del Consistorio. La tecnología usada marca un hito
histórico para una administración pública local; y un mensaje político muy
fuerte. Existe una convicción crecientemente extendida de que la corrupción no
puede solucionarse solo con las instituciones dem
ocráticas vigilándose a sí
mismas. La sociedad civil tiene que jugar un papel central y constante. La
vigilancia ciudadana se convierte en un activo democrático.
Tor es un sistema
que permite utilizar Internet de manera anónima. Originalmente, Tor fue
desarrollado por la Marina de los Estados Unidos, con el propósito principal de
proteger las comunicaciones del Gobierno. Actualmente, es utilizado todos los
días para una amplia variedad de propósitos por parte de militares,
periodistas, agentes de la ley, activistas, y muchos otros. Debido al éxito de
uso que ha alcanzado en muchos sectores, el propio Gobierno de los EE. U.U está
en una fuerte paradoja y en un creciente conflicto de intereses: por un lado,
intentando acabar con el proyecto por parte de sus servicios de seguridad; y,
por otro, aumentando su financiación (por terceros) y desarrollo para mejorar
el activismo ciudadano.
El debate sobre la
libertad en Internet tiene un capítulo muy importante —y controvertido— en la capacidad de sus usuarios de navegar,
publicar o consultar de manera anónima. Al menos superficialmente, ya que,
normalmente, a través de la dirección IP de los usuarios se puede averiguar
desde qué punto exacto se está utilizando la red. Normalmente el anonimato
superficial que proporciona Internet para participar en redes sociales (bajo
pseudónimo, por ejemplo.) es suficiente para la mayoría de usuarios. Pero
podemos encontrarnos con dos tipos de internautas que sí que necesitan una capa
de protección extra: los que cometen algún acto delictivo (tráfico de drogas,
armas, venta de programas para crackear sistemas, vulnerabilidades, spamers…);
y los que, por cuestiones de activismo, también se suelen encontrar en una
situación delicada, en los márgenes de las legislaciones vigentes en sus
países.
Tor Project ofrece
la oportunidad de navegar de forma anónima y es la puerta de entrada a la web
profunda. Combinar esta red con otras herramientas (como las VPN) proporciona
una cierta seguridad a los usuarios que, por el motivo que sea, necesitan el
anonimato en la red. Por ejemplo, cuando hay un incremento de la censura en un
país y es complicado —y arriesgado— utilizar Internet de forma segura para
hacer activismo, aumenta el uso de dichas herramientas.
En sociedades con
mayores niveles de calidad democrática, unas herramientas de este tipo pueden
cumplir otro tipo de funciones. Concretamente, promover el papel de los
wishtleblowers (alertadores). Estas personas son las que denuncian situaciones
irregulares, normalmente relacionadas con corrupción, en sus propias
organizaciones. También esta figura se identifica con la posibilidad de que la
ciudadanía pueda denunciar y aportar pruebas de situaciones ilegales
garantizando su anonimato por miedo a represalias. La irrupción del fenómeno
exigente de política vigilada favorece la utilización de herramientas que
faciliten la aportación de pruebas, más allá de la simple denuncia pública a
través de redes sociales. Son muchas las situaciones en las que se han
producido filtraciones, como el caso Wikileaks.
Si se combinan
herramientas como Tor, el uso de VPN y un software como el de GlobaLeaks
(software pensado específicamente para los «alertadores») tendremos la
combinación perfecta para poner en marcha un buzón de denuncia anónima
ciudadana. La protección de estos alertadores es algo que se reclama
legislativamente, concretamente Xnet lo ha incorporado en su agenda digital de 2017
incidiendo que España debe transponer la Directiva UE de Secretos Comerciales y
la promoción de leyes específicas para la protección de los whistleblowers.
Actualmente tenemos ya algunos ejemplos como el buzón desarrollado por Xnet, la
plataforma fíltrala, el buzón de fraude de empleo del Ministerio de Trabajo, o
los de fraude fiscal de la Generalitat de Catalunya o de la Agencia Tributaria
de las Islas Baleares.
El debate sobre la
«anonimización» en el activismo político de denuncia democrática es controvertido.
Pero, indiscutiblemente, sirve para abrir boquetes de transparencia en nuestras
instituciones. Cuando la delación es un derecho —y una obligación— proteger a
los que alertan y sus informaciones es una responsabilidad política.
Y porque no usar todo esto en nuestro país Perú.
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